COMUNICADO: POR LA DIGNIDA Y LA JUSTICIA LABORAL EN LA UMSNH

A la Comunidad Universitaria
A la Sociedad Michoacana:

Ante la reciente declaración de huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (#UMSNH), diversos sectores de la comunidad académica y estudiantil han manifestado su postura bajo la premisa de que la universidad pública debe ser, ante todo, un espacio de congruencia ética y justicia social.

Solidaridad Estudiantil: "Sin Igualdad no hay Educación"

Reconocemos y respaldamos las valientes muestras de solidaridad de los alumnos de la UMSNH hacia los trabajadores administrativos miembros del #SUEUM. El estudiantado ha sido claro: no puede haber educación de calidad si no existe igualdad y justicia para quienes sostienen el funcionamiento operativo de nuestras escuelas. La lucha administrativa es también una lección de civismo para los jóvenes, quienes entienden que la dignidad del trabajador es el cimiento de cualquier institución educativa.

El Compromiso de los Profesores frente a la Traición Sindical

Saludamos con respeto la solidaridad de los profesores de las diversas Facultades que han decidido ponerse del lado de la base trabajadora. Es imperativo señalar que este apoyo ocurre a pesar de la postura del actual Secretario General del #SPUM, cuya gestión ha sido señalada como espuria y abiertamente alineada con los intereses de la Patronal. Mientras Silva Orozco intenta dar la espalda a los derechos de los agremiados, la base docente se mantiene firme en la defensa del contrato colectivo de trabajo.

¡Por una Universidad justa, crítica!

"Cuna de héroes, crisol de pensadores"

Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana #SUEUM en Lucha
Desde el momento en que se atenta contra el salario de los trabajadores administrativos, se restringe la libre expresión de estudiantes, trabajadores y maestros dentro de la #UMSNH. Además, el uso de prácticas como las amenazas, las mentiras, el autoritarismo y el hostigamiento para acallar voces disidentes no representa una atención real a las causas de la inseguridad en el estado; por el contrario, contribuyen a que la rectora y autoridades universitarias agravarla aún más.

 LOS TIEMPOS DE PLOMO Y LA INCONFORMIDAD CONTENIDA

¿Cómo caracterizar y enfrentar la multifacética problemática por la que atraviesa en

los momentos actuales la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo?

                                                                                                             Eduardo Nava Hernández

                La comunidad nicolaita tiene ahora una nueva ley orgánica, que fue expedida al vapor por el Congreso de Michoacán, sin cumplir con los procedimientos establecidos para el proceso legislativo, sin apegarse tampoco al mandato del artículo 2°, párrafo tercero, de la Ley General de Educación superior, que obliga a que previamente a la modificación de su marco jurídico se realice una consulta libre e informada a la comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes de la propia casa de estudios. Como es público, la legislatura michoacana aprobó por consigna esa norma sin contar con un dictamen previo de la Comisión de Educación del Congreso, sino sólo el de la Comisión de Gobernación; y la pretendida consulta a la comunidad organizada por la rectora Yarabí Ávila González no fue sino una simulación en la que sólo pudieron participar, en sesiones en línea y por muy breve tiempo, unas decenas de académicos que registraron ponencias, y casi ningún trabajador administrativo ni estudiante. Ninguna de las proposiciones expresadas en tales foros fue tomada en cuenta para cambiar ni una coma el proyecto original enviado desde las oficinas del gobernador nicolaita Alfredo Ramírez Bedolla.

                El nuevo ordenamiento, con inconmensurable arrogancia, modifica el nombre histórico de la casa de estudios y su lema (surgido éste de un concurso público efectuado hace unos cuatro lustros) al gusto de la actual ocupante de la Rectoría universitaria. Pero además: Mantiene a la antigua Comisión de Rectoría —con el nombre ahora de Comisión Especial para la Elección del Rector o Rectora— como órgano decisorio en la designación del o la representante legal de la universidad; dispone que en esa comisión queden integrados los “ex titulares de la Rectoría que hayan fungido en los últimos tres períodos inmediatos anteriores rectorales”;  agrega dos nuevos requisitos a los ya establecidos para ser rector o rectora de la universidad, como son el contar con el grado de doctor y el “haber desempeñado actividades en la administración universitaria” (fracciones V y VII del artículo 20); da al rector o rectora la facultad de designar a los directores de las unidades académicas profesionales, que tienen voz y voto en el Consejo Universitario; y conserva la atribución del Consejo Universitario de designar, de terna elaborada por el rector o rectora, a los directores de las dependencias académicas, excluyendo la participación directa de la comunidad de cada dependencia académica.

            En suma, un retroceso enorme en materia de democracia, que busca perpetuar a los mismos grupos de poder que ya han venido ocupando la representación legal y los cargos de mayor responsabilidad en la administración central universitaria.

                Esa Ley Orgánica, tramada en las oficinas del Gobernador, el secretario de Gobierno y la misma Rectoría, se encuentra, sin embargo, en litigio en tribunales federales por juicios de amparo abiertos por el SPUM y otros universitarios en lo individual o en grupos. No se agota la esperanza de que se pueda, por esa vía, revertir tan perniciosa disposición, ajena y contraria a la historia, la democracia y las tradiciones de lucha y de avanzada que en otros tiempos caracterizaron a la Universidad Michoacana. Pero no es la ley impuesta el único obstáculo a vencer en la vida de la Casa de Hidalgo. Como en pocos momentos de su historia, ésta enfrenta un cúmulo de adversidades y violaciones a los derechos de los universitarios de toda índole.   A pesar de que el pasado mes de noviembre se inscribió en el artículo 143 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo la obligación del gobierno estatal de entregar a la universidad, como subsidio, el 4.5% del presupuesto anual de egresos; y de que existe desde enero de 2016 un acuerdo tripartita que obliga al Estado de Michoacán a aportar cantidades crecientes al sostenimiento de la institución hasta igualar las que hace la Federación, los recursos para atender sus funciones sustantivas y de administración resultan insuficientes y mal administrados.

              En este 2025, en virtud de tal disposición constitucional, se incrementó la asignación de recursos a la UM hasta alcanzar 4 mil 452 millones de pesos. Pero éstos, al decir de la rectora Ávila González, no alcanzan para cubrir los adeudos que la institución tiene con sus empleados por la prestación de Ayuda Sindical desde 2019 y 2020, al igual que por Bonos de Despensa desde esos mismos años. Tampoco para el pago de prestaciones como el Pago de Marcha y Seguro de Vida a los beneficiarios de los trabajadores académicos y administrativos fallecidos desde 2018; ni becas a los estudiantes, reembolsos por inscripciones y derechos de titulación, viáticos, anteojos, aparatos ortopédicos y otras prestaciones contractuales impagas desde hace varios años.

               En cambio, la rectora Yarabí sí ha logrado que los recursos obtenidos por subsidios federales y estatales y los ingresos propios alcancen para comprar dos equipos, masculino y femenil, de futbol profesional, a los que suministra salarios, equipamiento, instalaciones, entrenadores, viáticos y todo lo necesario para su desempeño acorde con los requerimientos de la Femexfut. También para proseguir con la construcción —que ya cobró la vida de un trabajador— de su anhelada alberca olímpica en el campus de la universidad, con un costo superior a los 32 millones de pesos, una obra asignada sin licitación pública a una empresa sin experiencia en ese tipo de construcciones fundada hace menos de 10 años en Morelia. Y ahora, hasta para instalar un lago artificial en la Ciudad Universitaria.

             La contracción presupuestal tiene efectos también sobre la comunidad estudiantil e incluso sobre los aspirantes a ingresar a la universidad en los niveles de bachillerato o licenciatura, a quienes se les cobran miles de pesos por la ficha para presentarse al examen de admisión, que no les son devueltos en caso de tener un resultado adverso. A los inscritos se les hacen cobros varios que hacen nugatorio el derecho a la gratuidad establecido tanto en la constitución general de la República como en la particular del Estado de Michoacán. Entre ellos, cuotas por laboratorios, credenciales, certificados médicos, reinscripciones, viajes de prácticas y derechos de titulación.

                En las relaciones laborales se hace a un lado al sindicato titular del contrato colectivo de los trabajadores académicos, el SPUM, como en la reciente “Reunión informativa con los profesores de asignatura B interinos”, a los que se les ofrecieron definitividades, siempre que se porten bien y no participen en protestas. Igual que en la gestión de Raúl Cárdenas se marginaba al SUEUM de las prestaciones, para favorecer al sindicato minoritario, no titular de los derechos colectivos.

          La rectora Ávila se rehúsa a negociar directamente con el secretario general del SUEUM, porque lo considera “corrupto y de mala reputación”, interponiendo así sus valoraciones personales a sus responsabilidades como representante legal de la institución universitaria. Hay rescisiones injustificadas de contrato no resueltas por la Comisión Mixta de Resolución y Conciliación.

             Se impone en la UMSNH un régimen de control y espionaje que haría sonrojar a la Gestapo hitleriana, como el expuesto en al oficio del abogado general del 1 de septiembre del año actual, que solícita a los directores de las dependencias “informar sobre cualquier acto o hecho que llegase a ocurrir en el ámbito universitario, que se traduzcan en faltas de carácter laboral o de índole jurídico en el ámbito de la Legislación Universitaria”, poniendo a discreción de esas autoridades conceptos como el de “falta de probidad”. Se ha castigado a dependencias retirándoles recursos o, directamente, encausando a directores insumisos como a la doctora América Ivonne Zamora Torres, del Ininee, sancionada por medio de un tribunal administrativo externo a la universidad por su desempeño como funcionaria de ésta. Se castiga por hacer crítica, incluso en el ámbito privado, como a la doctora Adriana Pineda, a quien sin justificación se retuvo su sueldo durante cuatro meses. Se ha bloqueado el acceso al sistema de estímulos a los académicos del propio Ininee, una de las dependencias incómodas para la rectora Ávila González.

              En fin, estas y un extenso número de violaciones, amenazas y represalias por las autoridades universitarias han instalado un ambiente opresivo y asfixiante en la institución universitaria. La rectora Yarabí Ávila, para su desconsuelo, ha sido ubicada por el reciente ranking de desempeño de los rectores de las universidades públicas en el lugar 30 de 35 funcionarios con ese cargo, de la empresa CE Research (https://n9.cl/hgvxa), a pesar del gasto que hace en la promoción constante de su imagen en los medios de difusión de la propia universidad y externos a ésta.

                Los años plomizos vividos desde la pandemia de coronavirus, y acentuados por el ambiente de opresión y apagamiento de la conciencia crítica impuestos con la llegada de Ávila González a la rectoría nicolaita, deben llegar a su fin. El movimiento universitario está vivo en la Universidad Autónoma del Estado de México en demanda de mayor subsidio y por una fraudulenta sucesión en la rectoría; en la UNAM por los profesores interinos y de asignatura contra la precarización del trabajo académico, y en demanda de seguridad para la comunidad; en la Universidad Veracruzana contra la prórroga ilegal a la gestión de su rector; en la UAZ por más presupuesto y contra la inseguridad en planteles. La inconformidad existe también subyacente en la Michoacana, y no tardará en emerger contra el despotismo y la descomposición de las relaciones dentro de la comunidad.

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2025.