Por: Alejandro Meza

El catastrófico desorden de las finanzas universitarias se concreta a la opacidad en el manejo de los recursos económicos. Las observaciones realizadas a la Casa de Hidalgo por la Auditoría Superior de Michoacán y de la Federación, respectivamente, dejan lugar a muchas dudas sobre el verdadero origen de la crisis. Es necesario reformar la Ley Orgánica Universitaria de manera integral y consensuada; con argumentos sólidos que transparenten las finanzas y democraticen la institución. La urgencia del rector y la unilateralidad de sus propuestas hacia una modificación del artículo 29, constituye una medida supresora de los derechos adquiridos por los sectores laborales, culpando a éstos de un déficit, provocado de manera inexplicable, por los administradores del recurso. Los empleados y profesores no administramos el presupuesto, que en medio de un colapso se sigue derrochando en las excéntricas frivolidades de los funcionarios y en el pago de facturas políticas a ex rectores, publicidad y dobles sueldos de la clase gobernante nicolaita.

Reformar la ley, no significa enmendar lo concerniente a jubilaciones y pensiones sin la participación y el consenso de los afectados; la reforma debe empezar por democratizar la institución en sus procesos de elección, pero sobre todo, se debe transparentar el destino de los recursos presupuestales, sin aludir a la excusa cotidiana de la autonomía, permeada y violentada en muchos otros rubros.
Para validar una reforma universitaria, los sindicatos deben sentarse a dialogar con las autoridades, en un entorno de equidad, más allá del sensacionalismo mediático, del linchamiento y la descalificación de un régimen jubilatorio, que no es un privilegio, sino el resultado de una lucha histórica que no se puede abolir por el contubernio de unos cuantos.
La sospechosa urgencia por mutilar el artículo 29 de la Ley Orgánica, constituye una medida desesperada de las autoridades y del propio Consejo Universitario, para minimizar el verdadero origen de una crisis que hasta el momento, no se ha podido demostrar, de manera documental ante las Auditorias, pero que salta a la vista de todos, ante la renuente disposición para transparentar.

Las autoridades no quieren democratizar la Universidad, porque el estatus de confort de los clanes que la gobiernan, han hecho un modus vivendi de la prebenda y del salario exorbitante, los sobresueldos y el influyentismo. La aristocracia nicolaita no está dispuesta a ceder ni un ápice de los privilegios onerosos auto asignados; la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas serían un factor de riesgo para la permanencia de las cúpulas enquistadas en el control de la institución. Es por ello que pretenden una reforma parcial, sin el consenso sectorial y al margen de la verdadera problemática y de la buena voluntad de solución.

¡Hasta la victoria siempre!

¡Viva el SUEUM!