Yarabí y la derrota que no entendió

En la política, como en la vida universitaria, hay derrotas que no se miden únicamente por el resultado final de una negociación, sino por el desgaste que dejan, por los costos que exhiben y por la manera en que los protagonistas salen del conflicto. En ese sentido, la huelga en la Universidad Michoacana dejó una conclusión difícil de ocultar: Yarabí Ávila fue la gran perdedora política del episodio.
Lo fue, en primer lugar, porque el solo estallamiento de una huelga representa una derrota para cualquier autoridad universitaria. Una huelga no es un accidente meteorológico ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia de una cadena de errores, desatenciones, soberbia y falta de operación política. Cuando la Universidad llegó a la suspensión de actividades, lo que se exhibió no fue la fortaleza de la rectora, sino su incapacidad para anticipar, dialogar y construir acuerdos.
La segunda derrota fue jurídica. Yarabí apostó a una estrategia legal que, lejos de resolver el conflicto, terminó evidenciando sus límites. La pérdida reiterada de amparos mostró que el problema no podía ser contenido desde el escritorio de los abogados ni con lecturas parciales del derecho. Yarabí y su abogado no entendieron que no necesitaban una estrategia de litigio permanente; necesitaban una política laboral seria, inteligente y sensible.
La tercera derrota fue moral y política: terminó aceptando aquello que durante semanas se negó a reconocer. Y ahí aparece la pregunta inevitable: si al final se podía ceder, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué llevar a la Universidad al desgaste, a la confrontación y a la parálisis? Ceder después de una huelga para nada que es un triunfo; es la prueba de que se pudo evitar el conflicto y no se quiso, no se supo o no se tuvo la sensibilidad suficiente.
Pero quizá la derrota más profunda fue la pérdida de empatía con la comunidad universitaria. Durante el conflicto no se vio una defensa amplia, espontánea y convencida de la rectora por parte de profesores, estudiantes o trabajadores. Al contrario, las redes sociales y las expresiones universitarias reflejaron distancia, cansancio y un evidente desgaste de su figura. Yarabí conservar el cargo, pero ha perdido el respaldo emocional y político de su comunidad, los únicos que en redes la halagan son sus fucnionarios, bajo la pena de ser despedidos u profesores interinos presionados por los operadores de la rectoria.
A ello debe sumarse el evidente agotamiento de su equipo. Un secretario general desgastado difícilmente puede seguir funcionando como operador político eficaz y más cuando desde dentro hay quienes buscan su cargo. Y un abogado general sin formación laboralista, más cercano a una lógica penal que a una cultura de conciliación, revela mucho del talante del gobierno universitario: más inclinación al control que al acuerdo, más reflejo represivo que voluntad de diálogo.
La Universidad Michoacana no necesita funcionarios que vean el conflicto laboral como una amenaza que debe aplastarse; requiere personas capaces de entender que el derecho del trabajo existe precisamente para evitar que las diferencias terminen convertidas en crisis institucionales. En una comunidad universitaria, gobernar no se reduce a vencer al otro; es escucharlo, procesar sus demandas y construir soluciones.
Pero pese a lo anterior, Yarabí después de la huelga parece no haber entendido la lección. Su retórica combativa, lejos de contribuir a la reconciliación universitaria, parece profundizar las heridas. En lugar de abrir una etapa de diálogo, serenidad y reconstrucción de confianza, su discurso mantiene un tono de confrontación que resulta preocupante, como si la autoridad todavía creyera que los conflictos se resuelven desde la dureza del mensaje y no desde la inteligencia política.
Ese es el mayor riesgo para la Universidad: que la rectora confunda el fin formal de la huelga con la solución real del problema, pues una huelga puede levantarse, pero las causas que la originaron pueden seguir intactas.
Si después del conflicto la autoridad insiste en el mismo tono, en los mismos operadores gastados y en la misma falta de sensibilidad, entonces no está cerrando una crisis, está preparando la siguiente.
Las palabras de una rectora no son simples frases de ocasión; mandan señales, ordenan conductas, generan climas. Si el mensaje que baja desde Rectoría es de combate, revancha o endurecimiento, lo que se produce no es paz institucional, sino tensión acumulada y esa tensión, más tarde o más temprano, vuelve a encontrar salida.
La gran paradoja es que Yarabí habla como si hubiera ganado, cuando los hechos muestran otra cosa. Hubo huelga. Perdió terreno jurídico. Terminó cediendo. No logró sumar a la comunidad. Su equipo quedó cuestionado y ahora, con un discurso poco conciliador, parece caminar hacia la repetición del conflicto.
La Universidad Michoacana requiere otra altura política. Necesita diálogo, no bravata; necesita acuerdos, no amenazas veladas. Necesita sensibilidad, no soberbia. La Casa de Hidalgo no puede gobernarse como si fuera una oficina cerrada ni como si sus trabajadores fueran adversarios internos.
El saldo de la huelga no debe medirse sólo en cláusulas o compromisos firmados, sino en legitimidad y ahí la rectora sale mal librada. Perdió porque no evitó la huelga. Perdió porque litigó mal. Perdió porque cedió tarde. Perdió porque no logró convocar a su comunidad. Y puede volver a perder si no entiende que los problemas universitarios no se resuelven con discursos de combate, sino con diálogo, sensibilidad y acuerdos.
La huelga terminó, sí, pero si la rectora no cambia el tono y no cambia el método, lo que hoy parece cierre puede ser apenas el prólogo de un nuevo estallamiento.
Ahí veces que una autoridad llega al tope de lo que puede ofrecer y en esos casos nunca es malo pensar en un cambio.