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Yarabí y la derrota que no entendió
En la política, como en la vida universitaria, hay derrotas que no se miden únicamente por el resultado final de una negociación, sino por el desgaste que dejan, por los costos que exhiben y por la manera en que los protagonistas salen del conflicto. En ese sentido, la huelga en la Universidad Michoacana dejó una conclusión difícil de ocultar: Yarabí Ávila fue la gran perdedora política del episodio.
Lo fue, en primer lugar, porque el solo estallamiento de una huelga representa una derrota para cualquier autoridad universitaria. Una huelga no es un accidente meteorológico ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia de una cadena de errores, desatenciones, soberbia y falta de operación política. Cuando la Universidad llegó a la suspensión de actividades, lo que se exhibió no fue la fortaleza de la rectora, sino su incapacidad para anticipar, dialogar y construir acuerdos.
La segunda derrota fue jurídica. Yarabí apostó a una estrategia legal que, lejos de resolver el conflicto, terminó evidenciando sus límites. La pérdida reiterada de amparos mostró que el problema no podía ser contenido desde el escritorio de los abogados ni con lecturas parciales del derecho. Yarabí y su abogado no entendieron que no necesitaban una estrategia de litigio permanente; necesitaban una política laboral seria, inteligente y sensible.
La tercera derrota fue moral y política: terminó aceptando aquello que durante semanas se negó a reconocer. Y ahí aparece la pregunta inevitable: si al final se podía ceder, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué llevar a la Universidad al desgaste, a la confrontación y a la parálisis? Ceder después de una huelga para nada que es un triunfo; es la prueba de que se pudo evitar el conflicto y no se quiso, no se supo o no se tuvo la sensibilidad suficiente.
Pero quizá la derrota más profunda fue la pérdida de empatía con la comunidad universitaria. Durante el conflicto no se vio una defensa amplia, espontánea y convencida de la rectora por parte de profesores, estudiantes o trabajadores. Al contrario, las redes sociales y las expresiones universitarias reflejaron distancia, cansancio y un evidente desgaste de su figura. Yarabí conservar el cargo, pero ha perdido el respaldo emocional y político de su comunidad, los únicos que en redes la halagan son sus fucnionarios, bajo la pena de ser despedidos u profesores interinos presionados por los operadores de la rectoria.
A ello debe sumarse el evidente agotamiento de su equipo. Un secretario general desgastado difícilmente puede seguir funcionando como operador político eficaz y más cuando desde dentro hay quienes buscan su cargo. Y un abogado general sin formación laboralista, más cercano a una lógica penal que a una cultura de conciliación, revela mucho del talante del gobierno universitario: más inclinación al control que al acuerdo, más reflejo represivo que voluntad de diálogo.
La Universidad Michoacana no necesita funcionarios que vean el conflicto laboral como una amenaza que debe aplastarse; requiere personas capaces de entender que el derecho del trabajo existe precisamente para evitar que las diferencias terminen convertidas en crisis institucionales. En una comunidad universitaria, gobernar no se reduce a vencer al otro; es escucharlo, procesar sus demandas y construir soluciones.
Pero pese a lo anterior, Yarabí después de la huelga parece no haber entendido la lección. Su retórica combativa, lejos de contribuir a la reconciliación universitaria, parece profundizar las heridas. En lugar de abrir una etapa de diálogo, serenidad y reconstrucción de confianza, su discurso mantiene un tono de confrontación que resulta preocupante, como si la autoridad todavía creyera que los conflictos se resuelven desde la dureza del mensaje y no desde la inteligencia política.
Ese es el mayor riesgo para la Universidad: que la rectora confunda el fin formal de la huelga con la solución real del problema, pues una huelga puede levantarse, pero las causas que la originaron pueden seguir intactas.
Si después del conflicto la autoridad insiste en el mismo tono, en los mismos operadores gastados y en la misma falta de sensibilidad, entonces no está cerrando una crisis, está preparando la siguiente.
Las palabras de una rectora no son simples frases de ocasión; mandan señales, ordenan conductas, generan climas. Si el mensaje que baja desde Rectoría es de combate, revancha o endurecimiento, lo que se produce no es paz institucional, sino tensión acumulada y esa tensión, más tarde o más temprano, vuelve a encontrar salida.
La gran paradoja es que Yarabí habla como si hubiera ganado, cuando los hechos muestran otra cosa. Hubo huelga. Perdió terreno jurídico. Terminó cediendo. No logró sumar a la comunidad. Su equipo quedó cuestionado y ahora, con un discurso poco conciliador, parece caminar hacia la repetición del conflicto.
La Universidad Michoacana requiere otra altura política. Necesita diálogo, no bravata; necesita acuerdos, no amenazas veladas. Necesita sensibilidad, no soberbia. La Casa de Hidalgo no puede gobernarse como si fuera una oficina cerrada ni como si sus trabajadores fueran adversarios internos.
El saldo de la huelga no debe medirse sólo en cláusulas o compromisos firmados, sino en legitimidad y ahí la rectora sale mal librada. Perdió porque no evitó la huelga. Perdió porque litigó mal. Perdió porque cedió tarde. Perdió porque no logró convocar a su comunidad. Y puede volver a perder si no entiende que los problemas universitarios no se resuelven con discursos de combate, sino con diálogo, sensibilidad y acuerdos.
La huelga terminó, sí, pero si la rectora no cambia el tono y no cambia el método, lo que hoy parece cierre puede ser apenas el prólogo de un nuevo estallamiento.
Ahí veces que una autoridad llega al tope de lo que puede ofrecer y en esos casos nunca es malo pensar en un cambio.
SUEUM, EN LUCHA POR TUS DERECHOS
Repudia SUEUM entrega de reconocimiento a Miguel
López Miranda
«Resulta inverosímil creer que nuestra máxima casa de estudios esté convertida en un circo y se entreguen reconocimientos a personas que la dejaron hundida y robaron financieramente», expresó el secretario general del Sindicato Único de Empleados de Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores.
Entrevistado al respecto, refirió que otorgar el reconocimiento «Legado Nicolaita» a Miguel López Miranda es una afrenta directa a la integridad de nuestra Casa de Hidalgo .
«El personaje dice que se dedicó a trabajar, cuando su gestión pública,vtanto en la Universidad Michoacana fueron marcadas por la sombra de la ilegalidad».
Recordó que desde la entrada de Salvador Jara Guerrero a la Rectoría Nicolaita la oscuridad llegó a la máxima casa de estudios de Michoacán, tres años y medio de su rectorado bastaron para hundir a la institución que enfrentó tres huelgas y aumentó el déficit presupuestal de la Universidad Michoacana a un moto superior a los mil 116 millones de pesos, siendo que la ex rectora Silvia Figueroa Zamudio lo había dejado en 117 millones de pesos.
Refirio que el paso de Lopez Miranda por la Secretaría Administrativa fue aberrante, ahí empezó el golpeteo al sindicalismo y el ataque a los salarios de los trabajadores; a pesar de que hubo Investigaciones, denuncias y protestas en las que incluso una auditoría hecha a Miguel López Miranda, quién también ocupó el cargo de director de la Facultad de Contaduría, revelan que Jara validó actos administrativos ilegales, entre ellos el presunto desvío de recursos a través de su empresa de outsourcing Servicios Educacionales López, Sociedad de Responsabilidad Limitada; ignoró también los resultados del estudio fiscalizador, mantuvo en el cargo a ese colaborador y tras su nombramiento como gobernador sustituto, lo designó secretario técnico del despacho del Ejecutivo y Jara Guerrero se mantuvo impune».
El lider del SUEUM destacó que en 2019 se conoció que Lopez Miranda recibió una condena de una inhabilitación de ocho años y multa de 572 millones 15 mil pesos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo primer Circuito en Morelia, los cuales determinaron que cometió falta administrativa cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas y Administración de Michoacán.
Tambien aseguró que no es casualidad que, en ese mismo periodo, figuras que hoy ostentan el poder en la universidad, como la actual rectora Yarabí Ávila González y Rosa María de la Torre desempeñaran funciones legislativas desde las cuales se gestaron recortes presupuestales que han lacerado gravemente la operatividad y el bienestar de la comunidad universitaria.
Tena Flores señaló que mientras la comunidad universitaria es sometida a un sistema autoritario, negligente y con una gestión administrativa opaca, las autoridades actuales insisten en utilizar los reflectores para alimentar un sistema lleno de corrupción, impunidad y egocéntrico, donde el concepto de valores como el humanismo y la ética quedaron sepultados.

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