Yarabí y la derrota que no entendió

En la política, como en la vida universitaria, hay derrotas que no se miden únicamente por el resultado final de una negociación, sino por el desgaste que dejan, por los costos que exhiben y por la manera en que los protagonistas salen del conflicto. En ese sentido, la huelga en la Universidad Michoacana dejó una conclusión difícil de ocultar: Yarabí Ávila fue la gran perdedora política del episodio.
Lo fue, en primer lugar, porque el solo estallamiento de una huelga representa una derrota para cualquier autoridad universitaria. Una huelga no es un accidente meteorológico ni una fatalidad inevitable: es la consecuencia de una cadena de errores, desatenciones, soberbia y falta de operación política. Cuando la Universidad llegó a la suspensión de actividades, lo que se exhibió no fue la fortaleza de la rectora, sino su incapacidad para anticipar, dialogar y construir acuerdos.
La segunda derrota fue jurídica. Yarabí apostó a una estrategia legal que, lejos de resolver el conflicto, terminó evidenciando sus límites. La pérdida reiterada de amparos mostró que el problema no podía ser contenido desde el escritorio de los abogados ni con lecturas parciales del derecho. Yarabí y su abogado no entendieron que no necesitaban una estrategia de litigio permanente; necesitaban una política laboral seria, inteligente y sensible.
La tercera derrota fue moral y política: terminó aceptando aquello que durante semanas se negó a reconocer. Y ahí aparece la pregunta inevitable: si al final se podía ceder, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué llevar a la Universidad al desgaste, a la confrontación y a la parálisis? Ceder después de una huelga para nada que es un triunfo; es la prueba de que se pudo evitar el conflicto y no se quiso, no se supo o no se tuvo la sensibilidad suficiente.
Pero quizá la derrota más profunda fue la pérdida de empatía con la comunidad universitaria. Durante el conflicto no se vio una defensa amplia, espontánea y convencida de la rectora por parte de profesores, estudiantes o trabajadores. Al contrario, las redes sociales y las expresiones universitarias reflejaron distancia, cansancio y un evidente desgaste de su figura. Yarabí conservar el cargo, pero ha perdido el respaldo emocional y político de su comunidad, los únicos que en redes la halagan son sus fucnionarios, bajo la pena de ser despedidos u profesores interinos presionados por los operadores de la rectoria.
A ello debe sumarse el evidente agotamiento de su equipo. Un secretario general desgastado difícilmente puede seguir funcionando como operador político eficaz y más cuando desde dentro hay quienes buscan su cargo. Y un abogado general sin formación laboralista, más cercano a una lógica penal que a una cultura de conciliación, revela mucho del talante del gobierno universitario: más inclinación al control que al acuerdo, más reflejo represivo que voluntad de diálogo.
La Universidad Michoacana no necesita funcionarios que vean el conflicto laboral como una amenaza que debe aplastarse; requiere personas capaces de entender que el derecho del trabajo existe precisamente para evitar que las diferencias terminen convertidas en crisis institucionales. En una comunidad universitaria, gobernar no se reduce a vencer al otro; es escucharlo, procesar sus demandas y construir soluciones.
Pero pese a lo anterior, Yarabí después de la huelga parece no haber entendido la lección. Su retórica combativa, lejos de contribuir a la reconciliación universitaria, parece profundizar las heridas. En lugar de abrir una etapa de diálogo, serenidad y reconstrucción de confianza, su discurso mantiene un tono de confrontación que resulta preocupante, como si la autoridad todavía creyera que los conflictos se resuelven desde la dureza del mensaje y no desde la inteligencia política.
Ese es el mayor riesgo para la Universidad: que la rectora confunda el fin formal de la huelga con la solución real del problema, pues una huelga puede levantarse, pero las causas que la originaron pueden seguir intactas.
Si después del conflicto la autoridad insiste en el mismo tono, en los mismos operadores gastados y en la misma falta de sensibilidad, entonces no está cerrando una crisis, está preparando la siguiente.
Las palabras de una rectora no son simples frases de ocasión; mandan señales, ordenan conductas, generan climas. Si el mensaje que baja desde Rectoría es de combate, revancha o endurecimiento, lo que se produce no es paz institucional, sino tensión acumulada y esa tensión, más tarde o más temprano, vuelve a encontrar salida.
La gran paradoja es que Yarabí habla como si hubiera ganado, cuando los hechos muestran otra cosa. Hubo huelga. Perdió terreno jurídico. Terminó cediendo. No logró sumar a la comunidad. Su equipo quedó cuestionado y ahora, con un discurso poco conciliador, parece caminar hacia la repetición del conflicto.
La Universidad Michoacana requiere otra altura política. Necesita diálogo, no bravata; necesita acuerdos, no amenazas veladas. Necesita sensibilidad, no soberbia. La Casa de Hidalgo no puede gobernarse como si fuera una oficina cerrada ni como si sus trabajadores fueran adversarios internos.
El saldo de la huelga no debe medirse sólo en cláusulas o compromisos firmados, sino en legitimidad y ahí la rectora sale mal librada. Perdió porque no evitó la huelga. Perdió porque litigó mal. Perdió porque cedió tarde. Perdió porque no logró convocar a su comunidad. Y puede volver a perder si no entiende que los problemas universitarios no se resuelven con discursos de combate, sino con diálogo, sensibilidad y acuerdos.
La huelga terminó, sí, pero si la rectora no cambia el tono y no cambia el método, lo que hoy parece cierre puede ser apenas el prólogo de un nuevo estallamiento.
Ahí veces que una autoridad llega al tope de lo que puede ofrecer y en esos casos nunca es malo pensar en un cambio. 

Fotografías: Moisés Mendoza Campos

Por: Alejandro Meza

La resistencia sindical nunca es fácil, mucho menos cuando se enfrenta a un aparato represor, obcecado en pasar la cuenta de los abusos de la corrupción a los trabajadores. La cacería sistemática, operada por Raúl Cárdenas, obedece al mandato del gobierno del estado y sus maniobras oscuras están encaminadas a debilitar a un gremio combativo que no han podido doblegar.

El SUEUM se ha mantenido firme en la postura de no firmar la propuesta de una reforma lesiva al sistema de jubilaciones y pensiones, no por capricho, sino porque aceptar los términos propuestos por las autoridades de manera unilateral, sería condenar a los trabajadores a un futuro de incertidumbre y de miseria.

Raúl Cárdenas, en la entrampada propuesta, pretende que renunciemos a una jubilación dinámica, mediante la conformación de un fondo constituido por cuentas individuales que se agotaría en poco tiempo, deslindando a la institución de cualquier responsabilidad, además de aumentar a 30 años de servicio para poder jubilarse, los cuales deberán combinarse con un mínimo de 50 años de edad biológica. Además se propone que el trabajador se retire con un salario regulador base, es decir, un promedio del salario percibido durante los últimos cinco años de servicio activo.

La negativa de aceptación a tal reforma no es mera necedad, como lo han querido difundir las autoridades; un sindicato inteligente como el SUEUM, no puede firmar un cheque en blanco, que significaría mutilar la Cláusula 73 del Contrato Colectivo de Trabajo y posteriormente la modificación o derogación del Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, dejando en estado de indefensión a todos los trabajadores jubilados.

La actitud desesperada de Raúl Cárdenas, ha traspasado los límites de la decencia, convirtiéndolo en promotor del divisionismo en nuestras filas, generando con ello la deserción de algunos afiliados, porque busca fortalecer al STUMICH, un sindicato blanco, dispuesto a entregar en bandeja de plata, no solo las jubilaciones, ni las prestaciones, sino la totalidad del Contrato Colectivo y por consiguiente, la estabilidad laboral de todos los trabajadores.

Vivimos momentos complicados y no podemos caer en las trampas de la rectoría; nuestra dirigencia sindical tiene la inteligencia y los recursos legales para garantizar el pago de todos los adeudos acumulados hasta este momento. Cárdenas Navarro apuesta al terror y la desesperación de nuestro gremio, pero nosotros tenemos la razón y muy pronto estaremos cosechando los resultados positivos de la lucha. No estamos dispuestos a rendirnos.

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡VIVA ETERNAMENTE EL SUEUM!

A LOS AFILIADOS AL SUEUM.
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Los trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no han recibido, desde el pasado 15 de diciembre, los salarios que les corresponden de la primera y segunda quincenas de ese mes, ni el Aguinaldo, Prima Vacacional y la prestación de Canasta Navideña. Según las autoridades, esta situación obedece a que los recursos de origen federal para pagarlos son condicionados a que los sindicalizados acepten la reforma al sistema de jubilación del que disfrutan desde 1939.
Bajo ninguna circunstancia los salarios devengados pueden ser condicionados a factores externos, que en este caso no tienen nada que ver directamente con el trabajo desempeñado. Como es conocido, el 21 de diciembre de 2018 el entonces rector Medardo Serna firmó con el gobierno estatal y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP un convenio para la obtención de recursos extraordinarios y no programables por 500 millones de pesos, con los cuales pagó sueldos y salarios correspondientes a ese año. Ese acuerdo no fue conocido ni consultado en su momento por los trabajadores universitarios ni por sus representaciones sindicales; sin embargo, una de sus cláusulas, que se refiere al “fortalecimiento” del régimen de jubilaciones y pensiones, quiere ser tomada como motivo de la actual retención de salarios por el rector Raúl Cárdenas Navarro, la cual es desde todos los puntos de vista ilegal.
“Es penoso, lamentable, que haya empleados que necesiten los recursos y nosotros estemos imposibilitados de hacérselos llegar, porque las cláusulas del convenio nos lo impiden”, afirmó el rector el 7 de enero. Miente a los universitarios y a la sociedad, cuando el referido Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios no Regularizables de 2018 no establece en ninguno de sus puntos el condicionamiento al pago de salarios. Éste ni siquiera es específico en cuanto al tipo de “fortalecimiento” que se requiere para el sistema pensionario de la universidad.
Y miente también cuando afirma que los recursos financieros de la institución universitaria se han agotado, y al mismo tiempo, paga quincenas, prima vacacional y una fracción del aguinaldo a los afiliados y a quienes se afilien al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Stumich, que se identifica abiertamente como un agrupamiento de filiación patronal. Se trata, evidentemente, de un manejo político del gasto corriente de la universidad para forzar la claudicación de los trabajadores en un punto que, si es el caso, tendría que ser objeto de negociación en la revisión de los contratos colectivos, la cual aún no inicia. Nada justifica la retención de salarios en la que está incurriendo el doctor Cárdenas Navarro con fines aviesos.
Por lo que toca al SPUM, se han hecho también pagos parciales, según el Rector y el Comité Ejecutivo General, con fundamento en un convenio depositado el mes de diciembre ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 5, en el cual el sector académico de la universidad estaría aceptando la reforma al derecho a la jubilación. El contenido concreto de ese documento es hasta hoy desconocido por las bases del sindicato. También ignoramos cuál fue el proyecto que el comité encabezado por Jorge Luis Ávila Rojas presentó ante ese órgano para la revisión del contrato colectivo de trabajo y, en particular, cómo quedaría la redacción de la cláusula 132 referida a la jubilación. Como se sabe, el XXXVII Congreso General de Representantes, convocado para el pasado octubre, no se instaló legalmente y de él no surgió, por tanto, el proyecto de contrato que deberá ser negociado el próximo 16 de febrero. Sólo con procedimientos ilegales y retorcidos que configuran una evidente extralimitación de funciones Ávila Rojas ha podido presentar documentos que política, pero no legalmente, darían pie a la modificación de nuestro derecho a la jubilación.
Exigimos que los salarios y prestaciones que hoy son tomados como objeto de chantaje por las autoridades universitarias sean pagados en su totalidad y de manera inmediata a los trabajadores afiliados al SUEUM, y también los adeudos que se tienen con los académicos. Que el rector Raúl Cárdenas Navarro deje de intervenir, como lo hace con descaro y cinismo, en las organizaciones gremiales de la institución.

¡Respeto a los contratos colectivos de trabajo!
¡No a la reforma a jubilaciones y pensiones!
¡Basta de secuestrar las percepciones devengadas de los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Michoacana!

Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2020.
Movimiento por la Legalidad, Democracia y Transparencia en el SPUM